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En medio de una crisis política creciente, con protestas sociales en las calles, una inseguridad ciudadana galopante y una legitimidad cuestionada, el Congreso de la República autorizó el viaje de la presidenta Dina Boluarte al Vaticano. Se trata de una decisión innecesaria, insensible y profundamente irresponsable, tanto por parte del Ejecutivo como del Legislativo. El resultado: una estocada más a la institucionalidad del país y una burla a la ciudadanía.   1. Un viaje sin justificación real El viaje al Vaticano no responde a una urgencia de Estado ni a una prioridad nacional. Es un viaje personal, disfrazado de protocolo. No hay política exterior ni gestión pública que justifique ausentarse del país mientras el Perú arde por dentro. Ni siquiera la audiencia con el Papa León XIV puede ser excusa. Lo cierto es que este viaje se convirtió en una obsesión palaciega.   2. Un Consejo de Ministros armado con apuro y sin renovación Tras la caída del premier Adrianzén —quien...

La reciente intervención del Adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, ante la Comisión de Constitución del Congreso, en el marco del debate sobre un proyecto de ley de amnistía para policías y militares procesados por crímenes cometidos entre 1980 y 2000, merece una reflexión crítica y seria desde el plano constitucional y de derechos humanos. 1. Sobre el rol institucional de la Defensoría del Pueblo La Defensoría del Pueblo tiene como mandato principal la defensa de los derechos constitucionales y  fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal , debiendo mantener en todo momento su imparcialidad, autonomía y apego al orden constitucional y al derecho internacional de los derechos humanos . En ese sentido, resulta preocupante que el Adjunto de Derechos Humanos haya expresado un respaldo implícito —y no debidamente matizado— a una propuesta de ley que ha sido ampliamente criticada por se...

Cuando la ideología política entra en conflicto con el Derecho Internacional En días recientes, el país fue testigo de un acto diplomático que ha encendido el debate jurídico y político del Derecho Internacional: la concesión de asilo diplomático por parte de un Estado extranjero a una persona procesada y condenada por delitos comunes. Este hecho no solo interpela los principios de legalidad internacional, sino que pone a prueba el compromiso del Perú con la defensa de su soberanía jurídica y su institucionalidad democrática. Asilo político no puede ser usado como refugio para evadir la justicia penal por delitos comunes La figura del asilo está diseñada para proteger a quienes sufren persecución por motivos ideológicos, políticos o de conciencia . Así lo establece claramente la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas (1954) , en sus artículos I y III. No se trata de un recurso para evadir procesos legítimos ni de una válvula de escape para quienes han sido condenados p...

  En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, los países europeos se encontraban sumamente preocupados a fin de reconstruir el sistema educativo una vez de que finalizara la Segunda Guerra Mundial y fue gracias a la iniciativa de los países opositores a Alemania Nazi que se desarrolló en el Reino Unido la Conferencia de Ministros Aliados de Educación (CAME) y a propuesta de esta se convocó una Conferencia en las Naciones Unidas para la creación de una Organización especializada en temas educativos y culturales. La conferencia sumó a muchos países que apoyaron esta iniciativa y que decidieron crear esta organización la misma que debería afianzar la “solidaridad intelectual y moral de la humanidad”. A esta organización se la denominó Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).   Siendo así, “La UNESCO trabaja para garantizar que todos los niños y adultos tengan acceso a una educación de calidad. La UNESCO refuerza los vínculos entr...

El pasado 30 de setiembre se recordó la disolución del Congreso en el año 2019 y pese a los diversos cuestionamientos y posiciones diferentes de un sector de los operadores del derecho, para el otro sector de académicos la disolución se produjo en forma Constitucional y además porque la coyuntura de esa fecha marcaba un Congreso obstruccionista, un Congreso que ejercía el Poder Político en forma arbitraria y tirana.   La disolución del Congreso en el año 2019 fue materia de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional dentro de un proceso competencial mediante el cual el TC amparó la disolución conforme al artículo 134 de la Constitución (Exp. 0006-2019-CC/TC) pero pese a ello, fue objeto de pronunciamiento y duras críticas de parte de un sector de la oposición que no estaba de acuerdo con   la disolución. Pero, ante dichos hechos que marcaron la historia del país en ese entonces y que pusieron al país en una aguda crisis política, sería complejo en este artí...

  Antecedentes La paralización de todo tipo de actividad económica ha generado mucha preocupación en todos los sectores de la población, incluidos los profesionales; ha medida que pasa el tiempo el gobierno ha dispuesto la reactivación de diversas actividades específicas en una primera Fase 1 y muchos se han preguntado si el ejercicio profesional de abogados se encuentra dentro de la fase 1, aprobada por D.S. Nº 080-2020-PCM, dentro del rubro de “servicios y turismo” y sobre el anexo aprobado por el D.S. Nº 094-2020-PCM, referido al literal d) sobre prestación laboral profesional o empresarial.     De la autorización normativa Que, el día de ayer cuatro de junio fue publicado en el Diario Oficial El Peruano y en Edición Extraordinaria el Decreto Supremo Nº 101-2020-PCM “Decreto Supremo que aprueba la Fase 2 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan ...