30 de setiembre del 2019 Disolución Constitucional Una breve mirada al Congreso y el uso de poder político

El pasado 30 de setiembre se recordó la disolución del Congreso en el año 2019 y pese a los diversos cuestionamientos y posiciones diferentes de un sector de los operadores del derecho, para el otro sector de académicos la disolución se produjo en forma Constitucional y además porque la coyuntura de esa fecha marcaba un Congreso obstruccionista, un Congreso que ejercía el Poder Político en forma arbitraria y tirana.

 

La disolución del Congreso en el año 2019 fue materia de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional dentro de un proceso competencial mediante el cual el TC amparó la disolución conforme al artículo 134 de la Constitución (Exp. 0006-2019-CC/TC) pero pese a ello, fue objeto de pronunciamiento y duras críticas de parte de un sector de la oposición que no estaba de acuerdo con  la disolución. Pero, ante dichos hechos que marcaron la historia del país en ese entonces y que pusieron al país en una aguda crisis política, sería complejo en este artículo comparar los diferentes periodos parlamentarios que hubo en el Congreso de la República y de los acontecimientos que se produjeron en cada periodo parlamentario y porque cada uno marcó una historia diferente.

 

En los próximos procesos electorales del año 2026 (sí es que durante el transcurso de ese tiempo no se produce ningún acontecimiento anormal necesario o innecesario) se volverá a elegir a los nuevos representantes del Congreso y claro también la fórmula presidencial; ante ello cabe la siguiente pregunta ¿alguien tiene la certeza absoluta de si los nuevos representantes al Congreso serán los mejores y más idóneos o quizá algo peor de lo que tuvimos o tenemos con las excepciones del caso claro? Yo creo que no. Y porque cada proceso electoral tiene ese insumo que no permite anticiparnos sobre qué ciudadanos serán elegidos como nuevas autoridades del país y peor aún, sobre los nuevos candidatos al margen de los ya conocidos y porque ese aspecto corresponde al proceso democrático en lo que respecta al proceso electoral organizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones, sin referirme a la internas, porque ese escenario es otro tema de debate y bastante cuestionable.

 

En ese sentido, la única forma de conocer a los parlamentarios de un nuevo Congreso elegido, será a través de sus propias acciones, de sus propios actos en el ejercicio parlamentario en forma individual o por medio de su bancada que permitirá generar una opinión ciudadana.

 

Lo propio corresponderá al Presidente, Vicepresidente y sus propios Ministros de Estado y demás funcionarios. La designación de los Ministros no es un acto político de libertad absoluta, más bien constituye un serio error y horror político de quien designa más que de quien acepta el cargo, cuando una determinada persona tiene serios cuestionamientos sobre la idoneidad para asumir un alto cargo funcional.

 

No existe libertad absoluta para tal designación y quien pretende lo contrario, incurre en un claro y evidente abuso del poder, el mismo que será medido políticamente por sus actos arbitrarios y más aún si a ello se suma cuestionamientos de orden ético y moral que mancha de una u otra manera un cargo público hasta llegar a un posible conflicto de intereses.

 

El artículo 43 de la Constitución contiene la premisa fundamental referida al Principio de la separación de poderes y porque como se comentaba al inicio, el exceso de poder en tan solo un organismo hace que se pierda el equilibrio entre los demás organismos o bien llamados poderes del Estado, hace que tan solo uno de ellos centralice el poder para sobreponerse en autoridad sobre los demás con lo que se denotaría tan solo la arbitrariedad de uno de ellos. Como lo expresa el citado artículo, debemos comprender que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de la separación de poderes.