La elección presidencial de 2026: una democracia fragmentada y el inicio de un nuevo ciclo político

 

Con la proclamación oficial de resultados y la entrega de credenciales a la presidenta electa, concluye uno de los procesos electorales más complejos y debatidos de los últimos años. Los resultados oficiales otorgaron el triunfo a Keiko Sofía Fujimori Higuchi , quien obtuvo el 50.135% de los votos válidos frente al 49.865% alcanzado por Roberto Helbert Sánchez Palomino , una diferencia de apenas 49.641 votos .

Sin embargo, reducir esta elección únicamente a quién ganó o perdió sería desconocer el verdadero trasfondo político e institucional que la rodeó.

La historia de esta elección no comenzó en la segunda vuelta, sino mucho antes. Desde mi perspectiva, las múltiples modificaciones introducidas al sistema electoral durante el último período parlamentario modificaron significativamente las reglas de competencia política. Como hipótesis de análisis, consideramos que dichas reformas contribuyeron a un escenario de mayor fragmentación electoral, cuyos efectos se reflejaron en una inédita dispersión del voto presidencial.

Nunca antes se había observado una oferta tan amplia de candidaturas presidenciales con una distribución tan fragmentada del electorado. Como consecuencia, la mayoría de las organizaciones políticas no lograron superar la valla electoral y perdieron su inscripción, mientras que una gran cantidad de congresistas tampoco obtuvieron la confianza ciudadana para continuar en el Parlamento. En términos políticos, el electorado terminó renovando buena parte de la representación parlamentaria.

Este escenario condujo nuevamente al Perú a una segunda vuelta altamente polarizada, semejante a la vivida hace cinco años. No se trató únicamente de quiénes llegaron a disputar la Presidencia, sino del diseño institucional y político que hizo posible que el país volviera a enfrentarse a una decisión entre dos candidaturas que generaban importantes niveles de rechazo en distintos sectores de la población.

Precisamente por ello, consideramos que esta elección no puede interpretarse únicamente como una expresión de adhesión política. Una parte significativa del electorado acudió a las urnas impulsadas por el denominado antivoto : ciudadanos que votaron por una candidatura principalmente para impedir el triunfo de la otra. Ese fenómeno ayuda a explicar por qué una elección tan trascendental terminó resolviéndose por un margen tan reducido.

Al mismo tiempo, este proceso dejó importantes cuestionamientos institucionales. La ONPE se enfrentó a diversos problemas durante el desarrollo del proceso electoral que concluyeron con la renuncia de su jefe institucional. Asimismo, desde una perspectiva crítica, considera que corresponde analizar si los mecanismos de fiscalización ejercidos durante el proceso fueron suficientemente eficaces para fortalecer la confianza ciudadana. Toda democracia exige no solo resultados legítimos, sino instituciones que inspiren confianza mediante procedimientos transparentes y eficaces.

 

La responsabilidad compartida de la izquierda y la derecha en la crisis institucional   

Las elecciones generales de 2026 también dejan una importante lección política. La profunda crisis institucional que ha vivido el Perú durante los últimos años no puede atribuirse exclusivamente a un solo sector ideológico. Tanto la izquierda como la derecha tienen responsabilidades que la historia y la ciudadanía deberán valorar con objetividad.

Por un lado, los sectores de izquierda que alcanzaron posiciones de poder no lograron consolidar un proyecto de gobierno capaz de garantizar la estabilidad política, la seguridad jurídica y el desarrollo económico sostenido. Los constantes enfrentamientos institucionales, la improvisación en la gestión pública y la ausencia de consensos profundizaron la incertidumbre política y deterioraron la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Por otro lado, importantes sectores de la derecha parlamentaria tampoco estuvieron exentos de responsabilidad. En numerosas oportunidades privilegiaron intereses políticos coyunturales, respaldaron reformas legales ampliamente cuestionadas y participaron en decisiones legislativas que terminaron debilitando el sistema político, contribuyendo al clima de confrontación permanente que caracterizó los últimos años.

El resultado de ese comportamiento compartido fue un progresivo desgaste de la representación política, una creciente desconfianza ciudadana y un escenario electoral profundamente fragmentado, cuyas consecuencias terminaron reflejándose en las urnas durante las Elecciones Generales de 2026.

Desde el plano político, esta elección también refleja un cambio de etapa. En diversos países de América del Sur se han observado alternancias entre gobiernos de distintas orientaciones ideológicas. En el caso peruano, el resultado electoral representa el rechazo mayoritario a una propuesta de izquierda encabezada por Roberto Sánchez. Esta afirmación, sin embargo, no debe interpretarse como que la totalidad de quienes votan por la candidatura vencedora comparten necesariamente una misma identidad ideológica. El resultado responde, en gran medida, a un contexto político complejo donde coexistieron el voto de convicción y el voto de rechazo.

Corresponde ahora reconocer institucionalmente a Keiko Sofía Fujimori Higuchi como la primera mujer elegida presidenta del Perú mediante este proceso electoral. Más allá de las discrepancias políticas que puedan existir respecto de su trayectoria o de su organización política, la legitimidad democrática exige reconocer el resultado oficial proclamado por las autoridades competentes.

No obstante, ese reconocimiento también implica una enorme responsabilidad. Después de varios años en los que Fuerza Popular ejerció una influencia determinante desde el Congreso, ahora asume la conducción del Poder Ejecutivo. Gobernar exige una responsabilidad distinta. La nueva presidenta no contará con una mayoría suficiente en ambas cámaras del Congreso, por lo que deberá construir consensos, negociar con otras fuerzas políticas y colocar por encima de cualquier interés partidario los objetivos permanentes del Estado.

Los primeros meses de gestión serán determinantes. Las decisiones iniciales marcarán el rumbo político, económico e institucional del nuevo gobierno y permitirán evaluar si realmente existe la voluntad de fortalecer la democracia, recuperar la confianza ciudadana y restablecer los estándares de gobernabilidad que el país reclama desde hace varios años.

La democracia peruana sale de este proceso profundamente tensionada, pero también con la oportunidad de iniciar una nueva etapa. El verdadero desafío ya no consiste en ganar una elección, sino en demostrar que el ejercicio del poder puede orientarse al fortalecimiento institucional, al respeto del Estado de derecho y al desarrollo del país.

La historia electoral de 2026 concluye con la proclamación de una presidenta. La historia política de los próximos cinco años apenas comienza.